Perfil público actualizado

enero 19, 2014 § Deja un comentario


PERFIL PÚBLICO

Una cuestión de dignidad

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán contra vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame que te saque la mota del ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita: sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano (Mt 7, 1-5).

Dedicado a todos los que en esta vida me han querido y me siguen queriendo, estén o no ya entre nosotros, comenzando por mis padres e incluyendo también a algunos miembros de la Academia 

Dedicado a todos los Doctores expulsados por el sistema y a todos aquellos investigadores que, aun sin haber llegado nunca al Grado de Doctor, se desvivieron por la Academia y nunca recibieron de ella ni las gracias

¡Hola! Soy Pablo Guérez Tricarico, Doctor en Derecho Penal (programa de Doctorado en Ciencia Jurídica) y especializado en Derecho penal. Aunque esto no es lo más importante de mí, como bien saben mis familiares y amigos -¡y me refiero a cosas buenas! Como ser humano, no soy perfecto, y he cometido mis errores, fuera y dentro del ámbito profesional, como cualquier persona y cualquier trabajador en activo. Ahora mismo estoy fuera de la Academia… vamos a decirlo suavemente… por “circunstancias objetivas”. Y estoy fuera, también, como les gusta decir a algunos juristas más o menos “progres”, “en sentido material”, conservando las libertades formales. Es decir, que no cobro un solo céntimo de la Universidad, pero, eso sí, soy “Profesor Honorario”. ¿Y qué es eso de “Profesor Honorario”? Para los menos entendidos en figuras contractuales universitarias o equivalentes funcionales en la historia de las reglamentaciones universitarias recientes en España, la figura de Profesor Honorario es una figura de profesorado universitario no permanente, creada “praeter legem” -como dirían los administrativistas-, es decir, a falta de previsión legal o reglamentaria, por la normativa estatutaria de la propia Universidad. El sentido de la figura, en principio admisible, sobre todo en tiempos de crisis, es el de un reconocimiento especial que se otorga por la Universidad a profesionales de prestigio en sus diversas disciplinas -y que como tales, se ganan sus cuartos en el ejercicio de actividades laborales, profesionales o empresariales vinculadas al conocimiento y a la aplicación de dichas disciplinas-, a fin de que dichas personas, nombradas “Profesores Honorarios” por el Consejo de Gobierno de la Universidad, con quien no les une ninguna relación contractual ni estatutaria, ni mucho menos una expectativa de la misma, como es lógico, “transfieran” su conocimiento, normalmente adquirido en buena medida fuera de la Universidad, al ámbito universitario, facilitando de esta manera la transferencia del conocimiento. La figura vendría a ser un poco como la del antiguo Profesor Asociado LRU “de verdad”, es decir, el profesional de prestigio que aporta conocimientos prácticos a la Academia, y su función no varía mucho de la de un moderno Profesor Asociado -del tipo que sea- de la LOU/LOMLOU. Más bien el sentido de la figura del “Profesor Honorario” debería ser el de una persona, ya de edad avanzada, que pudiera aportar una valiosa experiencia a la Universidad, y pudiera permitirse el lujo, a cambio del “honor”, de hacerlo a titulo gratuito. Sin embargo, la política rectoral actual de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque ha ido dando, como en casi todos los terrenos, vaivenes en este sentido, tiende a un remplazo de las plazas de Profesores Asociados -sobre todo de aquellos con poca carga docente-, por la de Profesores Honorarios, motivado por la necesidad de ahorro impuesta por la incontestable política de contención del gasto público a raíz de la coyuntura económica de crisis general que sufre el país. Me gustaría que se hablara más de “autonomía universitaria” y de búsqueda de fuentes alternativas de financiación en colaboración con el sector privado en este ámbito, y menos en órganos políticos como el CCU o en lobbies de influencia mediática como la CRUE o la CRUMA, reclamando simplemente más gasto público sin ofrecer nada a cambio, cuando los rectores, que se supone que son gente culta, deberían saber que la batalla, no ya por la sostenibilidad, sino por la propia supervivencia del sistema universitario, no puede plantearse en estos términos tan rudos. Volviendo a la figura del Profesor Honorario, también es notorio que ésta ha sido criticada, no sin razón, por los sindicatos del ámbito universitario, cuando ha podido constatarse que ésta ha constituido una forma de encubrimiento de funciones docentes o investigadoras propias de un profesor o investigador a tiempo completo no remuneradas. En este sentido, y aun siendo consciente y denunciando la gravedad de este peligro genérico en la Universidad mientras subsista la figura, quiero dejar claro que éste no ha sido mi caso, sino todo lo contrario. Mi nombramiento como Profesor Honorario me ha permitido conservar una cierta -aunque lábil- vinculación con la Universidad que ha cosechado incluso algunos frutos, y frutos económicos, como por ejemplo, alguna invitación a impartir clases de posgrado en alguna Universidad extranjera. Esto tengo que reconocerlo. Sin embargo, ello no empaña la constatación de que el mantenimiento de una situación prolongada de “Profesor Honorario” va produciendo con el tiempo disfunciones o “desajustes” en el sistema y en la propia persona que ostenta el “cargo”, en la medida en la que, lo que en principio pudo pensarse como situación provisional, acaba convirtiéndose en situación indefinida en el peor de los sentidos, es decir, en situación no definida. Así, por lo que conozco de la Facultad de Derecho, los pocos profesores honorarios que nos encontramos en esta extraña y precaria situación de ser “sólo” profesores honorarios, sin actividad profesional alguna, si bien al principio de nuestra situación -respaldada económicamente por el inicio del cobro de la ayuda de la prestación por desempleo-, pudimos vernos en una especie de “purgatorio contractual”, a la espera de que se nos abrieran las puertas del cielo de las plazas de profesorado permanente, ahora el devenir de los acontecimientos, especialmente influidos por la devastadora crisis económica que se ha ido desarrollando más y más en nuestro país y en nuestras instituciones, como si de una enfermedad se tratara, muestra una realidad totalmente distinta. Si antes podía haber un conato de esperanza, ahora no hay esperanza alguna, y el purgatorio contractual acaba cediendo ante el infierno del desempleo sin prestación. Ahora que me queda poco, tengo la libertad para escribir de los deshauciados, para quejarme, legítimamente, pues las personas que hayan tenido la responsabilidad de poder mover los hilos decanales y rectorales durante mi “etapa de formación”, tanto por acción y omisión, ya saben con qué parte de responsabilidad les ha tocado cargar por haberme perdido. O quizá hayan sido tan ineptas que no lo sabían, algo muy propio en este país, especialmente en su endogámica Universidad. Y si esto le molesta a alguien, como suele decirse popularmente, tiene dos trabajos. Y si le duele es porque es verdad, como los datos que aporto en esta entrada. Y la verdad duele. A todos. A mí también.

Sin embargo, ahora, visto con algo de perspectiva y con un sano cinismo, no sé qué me sorprende de todo esto. En mi carrera académica truncada, por favores de diversa índole -algunos también imputables a mí, por qué no, pero en ningún caso desproporcionados al ostracismo al que me he visto obligado- Algo que, inconscientemente, ya predije cuando comenzó la “crisis universitaria”, antes del estallido de la crisis general, es decir, allá por noviembre de 2007.  Pero no me enorgullezco de ello, porque si lo hiciera sería un necio. Si realmente lo predije con claridad, debí haber cogido el toro por los cuernos y haber realizado una tesis exclusivamente instrumental para “colocarme” como profesor contratado doctor, incluso sin concurso, en aplicación de una transitoria de la LOMLOU. Desgraciadamente, mi carácter no me permitió orquestar semejante plan, y mi tesis doctoral se fue alargando más allá de lo “conveniente”, precisamente para no descuidar el rigor científico y lo “necesario”. Volviendo al momento presente, y sin temor a equivocarme, los meses que me queden hasta que termine este curso académico sean quizá mis últimos tiempos en la Universidad. Al menos, si los contamos de forma continuada desde mi primera incorporación formal al Área de Derecho Penal en 2002, o de mi primera etapa universitaria. Pues no descarto volver, a ésta o a otra Academia que me reconozca, si las cosas llegaran realmente a cambiar y si a mí realmente me conviniera. Mi nombramiento y, por lo tanto, mis funciones como Profesor Honorario de Derecho de la UAM tienen los días contados -por cierto, como los de todos-.

En lo que desborda al pequeño ámbito universitario, ni la LOU, ni la LRU fueron nunca un ejemplo de derechos laborales del llamado “personal docente e investigación en formación” o de sus equivalentes funcionales. La LRU permitió a principios de los años ochenta del siglo pasado que muchos PNNs -para mis lectores más jóvenes, profesores docentes no numerarios-, pasaran a convertirse, casi por arte de magia, en profesores funcionarios, y que después de unos años, “pasaran” de nosotros, los más jóvenes, que no pretendíamos saltarnos las reglas como ellos, sino simplemente tener la oportunidad de concursar a plazas de profesorado permanente según nuestro mérito y capacidad, que nunca fueron convocadas. Y, queridos lectores, a estas alturas, no puedo creerme que no fueron convocadas porque no hubiera dinero. A pesar de la crisis, a pesar de la crisis económica general, dinero había, y se gestionó mal desde los órganos académicos y desde la Comisión de Profesorado. Podría pedir transparencia a los órganos en su momento encargados de las promociones, pero tal misión sería casi como pedirle transparencia al Banco de España. En otro orden de cosas, la LOU constituyó un avance en el reconocimiento de los derechos laborales del profesorado no funcionario, convirtiendo los contratos administrativos en laborales. Pero para cuando las Universidades públicas pudieron utilizar dichos contratos se dieron cuenta del enorme coste en Seguridad Social que tenían que asumir, y para cuando se aprobaron por los respectivos Claustros y Consejos de Gobierno de dichas Universidad tímidos planes de promoción y estabilización del profesorado docente universitario, al menos en las Universidades de mayor envergadura, como la UAM -y de ello soy consciente, porque participé de alguna de estas lúgubres comisiones, defendiendo la continuidad de las plazas de mis compañeros, nunca la mía-, en los interminables debates de pasillo en los que se decide todo en cualquier organización, al margen de la realidad económica real, ya estábamos en plena crisis universitaria; y después, la recesión general del país, comenzada en la segunda etapa del Gobierno de Zapatero. Bien por Zapatero y su “Ley Caldera”, que hizo que algunos pocos investigadores de organismos autónomos, incluido el CSIC, fueran contratados como fijos después de “disfrutar” de contratos laborales de dos años. Así, efectivamente era la norma. Y el Estatuto de los Trabajadores, que poco a poco se encargaron de desmontar los gobiernos del PSOE y del PP, hasta el punto de que algunos nos planteamos en la actualidad si existe el Derecho laboral en cuanto tal. Sin embargo, y para lo que aquí quiero destacar, fíjense los lectores en lo siguiente: La “Ley Caldera” obligaba a hacer fijos o a indemnizar a cualquier trabajador, ya fuera del sector privado o del sector público (aquello tan bonito de “Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”, con Registro de Personal y todo: sonaba tan bien que algunos, cometiendo un error que sigue pesándonos, pensamos equivalente a una promesa de funcionariado o, al menos de permanencia; aprovecho para decir que me da igual que los Profesores universitarios de las Universidades Públicas sean funcionarios o laborales, como los Médicos de la Seguridad Social: más bien me inclino a pensar que tengan que ser todos laborales, pues la función de docencia e investigación no es una función, a mi juicio, del funcionariado -aunque sí de servicio público, como muchas realizadas por el sector privado-, al menos en el sentido clásico que yo defiendo). Lo que sí me parece una aberración y una injusticia que clama al cielo es que, por dar las gracias por el paro de entonces -el máximo, y que por lo menos era una cantidad digna de 1020 euros mensuales, se nos haya olvidado a muchos reclamar la otra cara de la moneda. La Ley Orgánica de Universidades, de rango superior, prevalecía sobre cualquiera de las Leyes citadas, con carácter ordinario. Esto significa, y significó, que pude estar  SEIS AÑOS Y  DIEZ MESES contratado sin derecho a que se me hiciera investigador permanente; si mi no renovación, de acuerdo con la “Ley Caldera” -que ya hemos dicho que no fue aplicable porque era inferior en rango a la LOU-, se hubiera equiparado a un despido, COSA QUE MATERIALMENTE FUE, me habría correspondido una indemnización de 1o978, 72 euros, aplicando el baremo entonces vigente de los 42 días por año trabajado. Es una cantidad modesta para cualquier empresa de limpieza o para una Universidad pública española, sin querer desmerecer el objeto social de una u otra. Pero una cantidad grande para una persona. Con eso y el paro acumulado podía haber formado mi propia empresa, que ideas no me faltaban, si no hubiera sido por las falsas expectativas dentro de la Universidad que entonces seguían cautivándome. Es la primera vez que hablo de esta cifra. De hecho, la acabo de calcular, aprovechando una gestión que tengo con la Seguridad Social. Y no va dirigida a los representantes universitarios, sino a mi familia y allegados, para que conozcan la verdad y, conociéndola, puedan juzgar, si lo estiman, en conciencia. 

En cuanto al contenido material y a las funciones de Profesor Honorario que he desempeñado hasta el momento, y quiero seguir desempeñando con mayor dedicación en el tiempo que me queda, tengo poco que decir, no sin su importancia. En primer lugar, es más que nada. Significa que conservo mi despacho, mi ordenador, sigo colaborando de buen grado en tareas docentes –porque me gusta-, y sigo conservando la categoría de “Profesor”, hecho que podría utilizar, y de hecho he utilizado, para buscar trabajo o para trabajar muy puntualmente en el sector privado, incorporando este dato y el logo de la UAM a mis tarjetas de visita. También dispongo de un ambiente privado tranquilo donde trabajar y poder hacer mis cosas, entre otras dedicarme a la investigación. Pero ahí empiezan los problemas. Porque, como decían los antiguos, primum vivere, deinde filosofare. Es decir, a diferencia de los profesores honorarios “al uso”, tengo que buscarme algo que me rente, que me dé de comer o, como dicen los norteamericanos –por cierto, por lo general muy pragmáticos y a veces algo “toscos” según nuestro exquisito criterio europeo, pero que nunca habrían permitido una situación académico-laboral como la mía-, “to pay the bills”. Y ahí ya empiezan los problemas, porque, más allá de la gratitud que le debo a mis compañeros del Área de Derecho Penal por haber propuesto al Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid mi nombramiento como Profesor Honorario, las salidas profesionales han brillado por su ausencia, tanto en el “bando” académico como en el “bando” de la empresa privada, aun a riesgo de incurrir en un reduccionismo. Y es que a la empresa privada no parece haberle importado absolutamente nada el que en mi tarjeta de visita ponga “Profesor Honorario” –cosa que, por experiencia, no puedo decir de otros cargos académicos, en general-. Por otra parte, en la política rectoral no ha habido ni una sola acción de verdad encaminada a la inserción de Doctores en el ámbito laboral, pese a la tan cacareada “transferencia del conocimiento” que acostumbramos a escuchar en los discursos rectorales. Mucha exigencia de subvención pública, eso sí, pero de autocrítica, nada; entre otras cosas, porque no la iban a necesitar: todos los peces gordos del gobierno universitario son “funcionarios docentes”, especie dotada de una inmunidad especial en nuestro ordenamiento jurídico, comparable a la de diputados y senadores. A pesar de ello, no es en ningún caso mi intención que esto pueda ser interpretado como un ataque personal contra nadie, y mucho menos contra las buenas personas que desde siempre estuvieron conmigo ayudándome en un camino que ya resulta difícil y penoso por sí mismo, como para que encima se convierta en un callejón sin salida, sobre todo cuando te cambian las reglas una vez comenzada la partida, como acostumbro a decir. O en un camino sin “salidas”, entendiendo como tales las salidas profesionales. O sin salidas profesionales dignas, pero vistas no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de los ciudadanos, de los contribuyentes. Decía J. F. Kennedy que no debemos preguntarnos qué hace nuestro país por nosotros, sino qué hacemos nosotros por nuestro país. Estoy de acuerdo en general, incluso aceptando la idea de que este país sea un país de políticos mediocres, y hasta ahí puedo leeer, como decía Don Narciso Ibáñez Serrador, fiel reflejo de la idiosincrasia española. Y precisamente mi queja no va tanto en el sentido de que no me den un trabajo acorde a mi cualificación, que también, pues soy un ser humano al que la santidad le queda todavía muy lejos, sino de la frustración que me produce el hecho de que los ciudadanos contribuyentes, los que pagan y han pagado durante años impuestos diligentemente -fundamentalmente, los trabajadores por cuenta ajena-, me hayan sufragado una formación pública hasta el máximo nivel que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, el Grado de Doctor, incluyendo el pago de becas y de estancias en el extranjero, y yo no pueda devolver a la sociedad española lo que me ha dado a través de la Universidad; por supuesto que puedo aceptar una ocupación para la que estaría peor preparado, pues de algo hay que vivir: mas no puedo volcar en la sociedad mi saber sin más, un saber que económicamente hemos -pues yo también he pagado impuestos hasta que he podido- sufragado entre todos. En parte ya lo estoy haciendo a través de este blog, que considero una obligación social como ciudadano y como persona. Y para quien quiera más… ¿qué esperáis? Podría, pero moralmente no puedo -ni debo-, por dignidad, por respeto a mi profesión y por respeto a mí mismo, hacerlo por cualquier precio, pues el obrero merece su salario (1Ti 5, 18). Bastante se ha invertido públicamente en mí como para que venga una empresa privada a pagarme un salario despreciable o incluso nada (c0sa que ya ha pasado, pero se dice el pecado, y no el pecador). Hasta aquí mi opinión, justa o injusta que le parezca al lector. Ahora, con su permiso, hablaré muy resumidamente de mi formación: se trata de una formación que ha sido acreditada por los órganos competentes para ello como suficiente para ocupar una plaza de profesor permanente en cualquier Universidad o centro de enseñanza superior de la Comunidad de Madrid, y ello solamente un año después de leída la tesis doctoral, que recuerdo a mis lectores que obtuvo la calificación máxima de Sobresaliente “cum laude” por unanimidad y posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor Tesis de Derecho leída en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid en el curso académico 2010-2011. Esto lo digo no para engreírme –pues bien saben los que me conocen que no me gusta precisamente practicar la soberbia-, sino para exponer datos objetivos. Datos objetivos que simplemente quiero comparar con otros datos objetivos: estoy, desde hace ya prácticamente DOS AÑOS Y SEIS MESES EN EL PARO, SEIS de los cuales sin derecho a prestación, cuando todavía sigo pagando –yo o mi familia- mis medicinas con arreglo a la clasificación T-3, cuando debería estar dentro de la clasificación más baja, al ser considerado oficialmente por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid como “persona sin recursos residente en la Comunidad de Madrid”. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, INDIGENTE. Cuestión distinta es que la caridad familiar me pueda costear la vida. Sin embargo, incluso jurídicamente, la hipocresía del lenguaje debería tener un límite. Por todo esto -aunque no sólo- ahora escribo sobre víctimas y sobre estigmatizaciones, y anuncio un “post” largo en cuya publicación he puesto mucho empeño, por lo que espero que vea la luz en los próximos días. Sin embargo, ¿de qué me quejo? Vivimos en un país capitalista, en un mercado libre, y no en una democracia (la cita es de la película Wall Street, 1987, cit. en varios posts míos); los “sabios” que asesoran a los políticos me dirán: ¿De qué te quejas? Una cosa es la educación y otra es el trabajo. Y es verdad. Pero entonces… ¿el dinero de los contribuyentes? Da igual, puede ser robado por los políticos. Al final, los gastos sociales, médicos y educativos no son sino una “disfunción” del sistema capitalista, lo que en otro tiempo se llamó socialdemocracia. 

Pero volvamos a la Academia, a esa “aula dorada” de formación de élites, como más de uno la han denominado, o le han exigido –no sin razón- que lo fuera. Pero que lo fuera de verdad, como ocurre en países serios. Y esto lo digo muy en serio, pues, a pesar del juego de palabras y de la opinión que en su momento histórico expresara tristemente el Sr. Goebbels, las mentiras no se convierten en verdades por su repetición. España, hoy por hoy, y ya desde hace tanto tiempo que no recuerdo si algún día lo fue, o estuvo a punto de serlo –y ello pese a mi buena memoria-, no es un país serio.

Estoy fuera de la Academia porque, como para algunos -afortunadamente, en mi Universidad, no muchos- se cerró el ascensor justo en el momento en el que nos iba a llevar a la planta de arriba: la planta de la permanencia, y alguien -pues estas cosas no funcionan solas- apretó al botón antes de tiempo; antes de mi tiempo; ¿o quizá fui yo el que llegué tarde? Sea como fuere, estas discusiones son inútiles. Entre otras cosas, porque hubo un día en el que otro investigador rechazado por un prestigioso instituto de matemáticas suizo –con el que para nada intento compararme- nos enseñó, mientras trabajaba como empleado en la Oficina de Patentes de Berna, y a través del envío directo de un artículo a una revista de máximo nivel internacional,  regida simplemente por la autonomía científica y no por variables extrañas de “índices de impacto”, que el tiempo no es absoluto. Más o menos cien años más tarde de aquella valiosísima enseñanza física, comencé mi andadura universitaria “en serio”, con mi primera estancia en Alemania, y diez años después nos encontramos en el momento presente. Ya he comentado en varias ocasiones que para mí, la variable tiempo va perdiendo cada vez más importancia… ¡será cuestión de que me hago mayor!, y que cada vez estoy más convencido de que un distanciamiento con respecto a las premuras de la vida presente sería un remedio saludable altamente recomendable para todos, especialmente para los académicos, que están cada vez más pendientes de “sus cosas”: sus acreditaciones, sus sexenios, sus publicaciones “alimenticias” (expresión del gran penalista y amigo Enrique Peñaranda), y a sus varias tareas más o menos útiles de auto, hétero y múltiple-evaluación y gestión, pero a las que el tiempo acaba haciendo justicia y dictando sentencia, la mayor parte de las veces, relegándolas al polvo del olvido. Varias veces, no sabría precisar cuántas, en el transcurso de todos estos años de vida y producción universitarias, y que ahora parecen diluirse en la nada, yo mismo, mientras vivía inmerso en la vorágine académica, escuchaba una voz impersonal que me decía, una y otra vez: “aguanta, chico… Si total, de aquí no echan a nadie”… “Si por aguantar cinco, diez años… ¿qué más da?”… “Serás Profesor Titular y, además, con un sexenio de investigación nada más terminar la tesis” (esta frase la recuerdo tal cual como fue pronunciada, ya sabéis que tengo muy buena memoria, y a quien la pronunció tras una comida en el restaurante “El Goloso”, próximo a la Universidad, sólo puedo guardarle gratitud, así como a los que asintieron, pero su autoría no será revelada hasta que yo no lo decida). ¿Que qué más da? Pues da. Y mucho. Se puede ir la juventud –de hecho se te va-. Y se te va la vida en las bibliotecas y salas de estudio, cuando no por rincones peores, como reacción a una travesía en el desierto basada en promesas que, ya desde lejos, se van viendo como incumplibles. Como así ha sucedido. Con ello no pretendo juzgar –ni mucho menos condenar- a nadie. Pero tampoco a mí mismo. Lo que sí pretendo hacer es reflexionar sobre un sistema que, en mi caso, no ha sabido o no ha querido incorporarme a su acerbo. Sus razones habrá tenido. Suficientes. Satis, en latín. No quiero ni puedo exigir responsabilidades de ningún tipo a nadie, pues bastante enredada está la madeja universitaria como para tratar de desenredarla: lo que es cierto es que, como en la Dinamarca de Hamlet, algo anda podrido en la Academia española como he dicho antes, y lo de “¡haber tenido que nacer yo para purificarla!”, se me antoja que no va a ser mi destino. Llegados a este punto… ¿Queréis saber la verdad?… ta chann… ¿Y qué es la verdad? Le preguntó Pilatos, intrigado, a Jesús, el Nazareno. No obtuvo respuesta. O al menos eso es lo que nos relata el Evangelio de San Juan en Jn, 18, 38. La verdad la saben los pocos que me conocen de verdad en la Universidad y que me aprecian. Si yo no estoy en la Academia es por circunstancias objetivas de ¿difícil? determinación, y no por mi trayectoria académica ni por la calidad de mis trabajos. Y lo mejor de ello es que mis trabajos son públicos, la mayoría han sido evaluados por expertos independientes y nadie, hoy por hoy, se ha atrevido a discutir su alta calidad. En cuanto a la docencia, el Rectorado custodia mis encuestas y están, o en la media, o por encima de la media: son datos objetivos. Y en cuanto a la gestión, mi representación en órganos universitarios y en proyectos de investigación, desarrollo e innovación ha sido, es y será siempre -al menos si no cambian demasiado los principios de la Administración pública-, públicos. Así que la respuesta a mi no promoción -o lo que es lo mismo, materialmente, que no técnicamente-, al “problema” de la finalización de la relación laboral que anteriormente he venido manteniendo con la Universidad Autónoma de Madrid desde octubre de 2005, previa una relación estatutaria de becario, con dicha Universidad, generada a partir de una convocatoria pública de becas FPU en concurrencia competitiva con efectos desde 1 de enero de 2002, y la posterior “solución” propuesta para mi caso, consistente en la sustitución de una relación laboral por mi todavía no finalizada “relación”, basada en un nombramiento del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, de “Profesor Honorario”, no tiene nada que ver ni con la calidad de mis trabajos, ni con mi docencia, ni con mi perfil como académico.

Lo que nadie, ni casi ninguna “circunstancia objetiva” –cómo les gusta a muchos economistas y expertos en “empleabilidad” usar estos términos ambiguos en estos tiempos tan duros para tantas personas y tantas familias que, de verdad, están en nuestro país bajo el umbral de la pobreza o en riesgo inminente de estarlo por la incompetencia de muchos, incluida la de los expertos acuñadores de los términos arriba entrecomillados- podrá impedirme será ejercer mi libertad de investigación y de estudio, cuya plena capacidad me reconoce mi Título de Doctor, y dedicarme a lo que realmente me gusta: el estudio, la investigación y la enseñanza. Así que, lo que no pueda hacer desde la cátedra o desde el banco universitario como Profesor lo haré como individuo en la red, como bloguero. Si piensas así, entonces eres de los míos.

Dr. Pablo Luis Guérez Tricarico

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