Reflexiones al hilo de la encuesta del CEF sobre la calidad de la investigación en España, pese a los recursos asignados

enero 30, 2014 § Deja un comentario


Reflexiones al hilo de la encuesta del CEF sobre la calidad de la investigación en España, pese a los recursos asignados

  Desde la dirección de Precarios Málaga (Sección Provincial de la FJI – Federación de Jóvenes Investigadores Precarios), me ha sido remitido un correo indicando que ya está disponible uno de los principales informes sobre la situación de la investigación en España, para quien le pudiera interesar. Por primera vez colabora en el informe, además de Precarios, el Centro de Estudios Financieros. Se puede contestar al informe. Por cierto, para los que no sepan de qué va esto, lo de jóvenes investigadores se aplica en nuestra querida España más o menos hasta los 42 años -o al menos así lo señalan los informes del CIS-. No deja de llamar la atención la comparación entre este camino, largo y estrecho, al que algunos nos apuntamos con veintipocos años, y la premura con la que, en este país, sobre todo en épocas no tan lejanas, muchos estudiantes universitarios dejaron sus estudios para irse a la construcción a ganar 3000 o 4000 euros que emplearon en lo que fueran -por algo vivimos en un país “libre”-; pero, mal asesorados por los bancos, coparon el mercado de las hipotecas “suprime a la española”, con la complicidad de bancarios y políticos, y ahora se encuentran sin empleo. Sinceramente, me dan pena. Pero más pena me da la inmensa minoría que optamos, en su día, por la ciencia y la investigación en un país de tercera división, que nunca tuvimos esos sueldos; y si a algunos se nos critica -por representantes del mundo económico, político, y hasta médico y psicológico- el haber vivido “por encima de nuestras posibilidades”, quisiera contestar diciendo que entiendo por tales las posibilidades que, los responsables de la concesión de créditos, en el uso de la seriedad y la profesionalidad financiera, nos ofrecieron créditos que a lo mejor necesitábamos, y quizá nunca debimos pedir. Y a los que nos critican -la mayoría de cierta generación no por mucho anterior a la nuestra, sobre todo ya asentada y “profesional”-, les diría que, si fueran juristas positivistas decimonónicos -a lo mejor son decimonónicos también en sus respectivas disciplinas-, probablemente tendrían razón. Pero si fueran juristas no ya del siglo XXI, que ha visto crecer leyes de protección de los derechos de los consumidores en el Derecho comparado, sino de finales del siglo XX, comprobarían que en un Estado como el nuestro, que se define como “Estado social” (artículo 1 de la Constitución Española de 1978, JURÍDICAMENTE VIGENTE), y de acuerdo con la doctrina constitucionalista y civilista que se ha ido formando al respecto, la llamada “igualdad de partes contractual” del artículo 1255 del Código Civil (también vigente) ya no puede mantenerse, al menos sin una importante revisión. La falacia de que Fulanito Pérez, enfermo, con dos hijos a cargo (persona física) contrata con el Banco Santander, S. A. (persona jurídica, creada para “favorecer el tráfico jurídico”, y que ni camina, ni siente, ni padece -salvo para el gran jurista alemán Gierke, que pensaba que las personas jurídicas eran personas con patitas; la cita es de PANTALEÓN PRIETO en clase, Derecho, UAM, curso académico 1998-1999), en igualdad de condiciones, sencillamente no puede mantenerse. De ello se han ocupado de recordárnoslo 1) la legislación vigente -Ley contra la Usura de 1913, VIGENTE pero que no se aplica en nuestro país porque no le da la gana a los jueces, Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, sobre cláusulas abusivas en los llamados “contratos de adhesión”; diversas circulares del ¡Banco de España!, institución, como todos sabemos, ultraizquierdista, que limita en mucho los tipos de interés que pueden ser aplicadas por las entidades bancarias y de crédito-; 2) sobre todo los principios desarrollados por la doctrina (vid. el artículo 33 de la Constitución Española sobre la función social de la propiedad, que “delimita su contenido”, así como otros principios relativos a la dignidad humana; 3) y por la jurisprudencia de la UE, que ya nos ha criticado, con razón, la más que probable ilegalidad de varios preceptos de nuestra Ley Hipotecaria de 1870 en relación con el sistema de principios y valores de la Unión Europea, gracias a la presión ejercitada por movimientos cívicos que tienen mi total adherencia -y quiero dejarlo aquí públicamente por escrito-, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y otros movimientos similares surgidos del 15-M.

  Sufro también por ciertos políticos, sobre todo por aquellos que dicen ser de “izquierdas”, como mi colega el Dr. Rubalcaba, Doctor en Químicas, que nos cuentan que hay que recuperar esos recursos humanos que se fueron “para la construcción” para el mercado. Señor Rubalcaba, y demás representantes políticos de todos los signos -pues a esto se han apuntado todos los partidos, y por lo que al sistema respecta, el PP y el PSOE; los demás partidos sobran siquiera formalmente-: ¿De verdad considera, como mantuvo en el circo de tres pistas de agosto pasado denominado “sesión parlamentaria extraordinaria”, que lo hay que hacer para la recuperación económica es recuperar esa clase de trabajadores, volviendo al modelo del “ladrillo”? Mal favor le haría a este país.

  Una reflexión sobre la edad, o las edades, en este país: en España existe una prisa por trabajar, por mí detectada, al menos, desde los años 90 del pasado siglo. Por trabajar a toda costa, por pasar de la formación, y ésta es valorada por el alumno sólo en la medida en la que le permita acceder a un mercado laboral cualificado económicamente más atractivo; en el ámbito universitario, esto se ve en el gran éxito de las prácticas en empresas, antes de acabar la carrera, o en las prisas por hacer oposiciones antes de terminarla; claro, como ni la empresa privada ni el sistema de selección público de este país concede -salvo contadísimas excepciones- valor al expediente académico o a la investigación, es normal que muchos alumnos de enseñanza superior se vean alienados, ante la carencia de incentivos de otro tipo, convirtiéndose en “alumni oeconomici”, cuyo lema podía ser: “estudia una carrera corta -principalmente relacionada con “el mundo de la empresa”-, y algo de derecho, que siempre está por ahí liando las cosas, luego un máster que dé esplendor, cueste lo que cueste, y, por supuesto, mucho inglés. Pero para valorar la cualificación profesional en TODOS LOS SECTORES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES… ¿es eso suficiente?; ¿es eso necesario?; ¿pero no se dan cuenta muchos estudiantes de ADE -en cualquiera de sus modalidades-, que no todos pueden llegar a ser directivos de empresas, que habrá que buscar otros puestos y otras colocaciones? Y si bien estas preguntas sean quizá demasiado “profundas” para que se las haga un estudiante de 18 o 19 años, lo que no es de recibo en un país de la OCDE es que sus responsables educativos -me da igual el nivel burocrático que posean -sí, he dicho posean, porque aquí nadie se va de su escaño o de su cargo-, si son autonómicos o estatales-, no se las planteen. Lo que no puede ser es que se llame “joven investigador” a la persona de 42 años que acaba de obtener una plaza en el CSIC o el sistema universitario público español, tras salir, exhausto, de un laberinto de pruebas, más pruebas, acreditaciones y más acreditaciones, mientras que en las encuestas sobre población activa y en los datos de paro oficiales del país, se considere “paro juvenil” al integrado por individuos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Claro, el paro, y el trabajo que interesa, tiene límite temporal. No interesan las personas que han dedicado sus años, no sin caídas y errores, a conseguir una formación sólida “de verdad”, lo que implica tiempo, como se ve reflejado en los currícula meditados y construidos con esfuerzo y años de dedicación, a los que las responsables de recursos humanos recién licenciadas acostumbran a descartar por “hipercualificación”. Para este sistema económico de crisis típicamente hispano, lo que sirven son puestos bajos e intermedios, fungibles, que puedan ser desarrollados por cualquiera sin rechistar y bajo la amenza constante -“el condicionamiento operante”, dirían algunos psicólogos conductistas-, y consistente en que, si no coges el puesto, hay miles afuera esperando a hacer lo mismo que tú por 600 o 400 euros, y que por cierto, también podría hacer una máquina gratis. En este país se han desperdiciado y se siguen desperdiciando recursos y talento que tardarán mucho en recuperarse. Es, realmente, el mundo al revés. Los que mandan -y no sus víctimas- deberán responder alguna vez de tremendo desaguisado, aunque sea ante la Historia.

 

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