Los parados hipercualificados: ¿una nueva forma de discapacidad?

mayo 22, 2014 § 3 comentarios


A mis Padres, Hijos de Tiempos más nobles

 

La noticia de que muchos jóvenes -y no tan jóvenes- con estudios universitarios en paro en este país que se ven obligados a adelgazar sus currícula es más que una leyenda urbana. Es así, y ya me he encontrado con bastantes que sostienen que eso es mejor que nada. Ya dejen de ocultarse en los currícula ingenierías, o cualesquiera clase de estudios superiores. En la vieja Europa del Sur, con España a la cabeza, hemos llegado a un punto en el que algunos casi tenemos que pedir perdón por tener tanta formación. Formación, muchas veces, que ha sido sufragada gracias al sacrificio de miles de ciudadanos, de cualquier extracción social -más bien de la clase media empobrecida y de las clases bajas-, a través de impuestos cuya carga, como es notorio, ha recaído casi siempre sobre los ingresos fácilmente detectables por el Estado, es decir, sobre las nóminas de los ciudadanos asalariados, y, en menor medida, sobre el consumo de profesionales, consumo interno que no ha hecho más que decrecer por la crisis, según datos del propio Gobierno.

Ante la situación de paro insostenible que vive nuestro país, cabe formular una pregunta legítima, que quiero lanzar por primera vez a los actores económicos, políticos y al resto de la ciudadanía: ¿no será la hipercualificación, o sobrecualificación, una nueva forma de discapacidad? ¿O, al menos, su equivalente funcional en una sociedad que no funciona económicamente como cabría esperar de una sociedad desarrollada y avanzada? Desde estas breves líneas, que no pretenden otra cosa sino iniciar un debate en este sentido, ésta es la hipótesis que pretendo defender: la hipercualificación es una nueva forma de discapacidad en la medida en la que dificulta, cuando no impide, el acceso a un trabajo adecuado a su formación, cuando no inadecuado, a miles de personas, simplemente por la razón de que nuestro actual modelo económico -que no me atrevo a llamar productivo- o, para que se entienda más claramente, “las empresas”, no están por la labor de invertir a largo plazo y de apostar por la innovación -a través de la creación de perfiles cualificados-, sino que desean simplemente mantener sus beneficios a costa de una plantilla de trabajadores semicualificados o no cualificados que les sigan reportando los mayores beneficios sin el menor riesgo. O, dicho en otros términos, privatizando sus beneficios y socializando sus pérdidas, cuando no recurriendo a las subvenciones del papá Estado del que nunca se separaron por completo aquellos que se tildan en este país de picaresca de “liberales”. Esta actitud empresarial, en un contexto recesivo o de grave crisis económica, resulta muy racional para los empresarios, pero nefasta para el conjunto de la sociedad. En términos estrictamente macroeconómicos aboca a otra recesión, a más despidos masivos como los que ya hemos presenciado y al abaratamiento de los costes sociales que tanto ha costado conseguir. La propia demanda interna de la clase media-alta se ve resentida, y es en ese punto quizá en el que las personas hipercualificadas podamos hacer algo. Pero una vez que la sociedad económica se ha conformado con una plantilla x para mantener una situación de primacía económica sobre su competencia, cuando no directamente se producen acuerdos colusorios entre las empresas, la apuesta por la .innovación y la creación de perfiles económico-laborales que cuestionen el status quo no resulta ya atractiva para dichas empresas. O, mejor dicho, para las personas que están detrás de dichas empresas. Se les presentan plazos demasiado largos y apuestas de riesgo en un contexto económico hostil del que no son capaces de entrever un horizonte distinto; es normal que no quieran arriesgarse, su mediocridad y cortedad de miras les lleva a ello. Sin embargo, sin el riesgo empresarial nunca ha habido crecimiento ni progreso, ni para la propia empresa ni para la sociedad. Ello revela la poca altura de miras de nuestra clase empresarial de “emprendedores”, como gusta llamarla a nuestra clase política.

La hipercualificación podría entonces definirse como una discapacidad, en sentido amplio, o al menos, en el equivalente funcional de aquélla, constituida por la situación de grave incapacidad que a muchas personas toca padecer para acceder a un puesto de trabajo, ya sea este último acorde con su hipercualificación -porque estructuralmente no se han previsto los mecanismos para su incorporación-, ya sea inferior -por el miedo del empresario a que el orgullo de la persona hipercualificada o su falta de formación específica en relación con el puesto que se le oferta pueda afectar al proceso productivo, ¡cuánto más si se contagia a otros trabajadores!-. Desde un punto de vista de sociología económica podría definirse la hipercualificación como la discapacidad funcional que sufren ya varios miles de personas -muchas en nuestro país- por el hecho de encontrarse en peores condiciones ex ante a la hora de encontrar cualquier puesto de trabajo, incluso muy inferior al que les correspondería en justicia según su grado de formación; ¿la causa?: en un contexto económico recesivo o, en cualquier caso, caracterizado por políticas procíclicas que priman la llamada “austeridad” frente a las políticas de crecimiento basado en el I+D+I, el puesto de trabajo natural para dichas personas ya no resulta atractivo para las principales empresas del mercado, incluidas las multinacionales. Por otra parte, la gran valoración social (simbólica, pues no es otra cosa, pero en el análisis social el funcionalismo sistémico nos enseña que los símbolos tienen importancia) de la juventud exige mano de obra muy joven para trabajos poco cualificados, basados básicamente en el aprendizaje automático y en el cumplimiento de unas pocas instrucciones mecánicas, así como en la fuerza física (este último argumento explica también, junto con otros que no es necesario apuntar aquí -como la posibilidad de embarazo-, la todavía notable preferencia -discriminación, en términos jurídicos- que lleva a cabo el mercado de trabajo privado de varones frente a mujeres, preferencia que, curiosamente, tiende a decrecer a medida que escalamos hacia trabajos más cualificados en los que las competencias de varones y mujeres se igualan, no precisamente “a la Cañete”, sino en una progresión favorable a la mujer (mayor estabilidad emocional, además de poseer, en general, o al menos así lo establecen las últimas estadísticas psicométricas, el mismo nivel en el rango de competencias más altas -como la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, con un nivel de desviación típica en la estadística menor al 10%). El sector público, con su prohibición de discriminación -dejo a parte a las Universidades públicas con su famosa autonomía (¿o debería decir endogamia?), trata de compensar esta situación de discriminación entre varones y mujeres con acciones positivas (esto también es Derecho europeo). Aunque esto tiene a mi juicio una pega, o más bien un efecto secundario: como no vivimos en un país socialista, sino en un mercado libre en el que el empleo público se presenta como una rara avis, el legislador tiene que tener presente las posibles disfunciones sobre el mercado laboral general: una tendencia que ya se advirtió en los años de bonanza, y que motivó el escoramiento de las mujeres hacia puestos públicos que favorecieron su estabilidad y su progresiva ausencia de los centros directivos de las empresas privadas. Desde mi punto de vista convertir a todas las mujeres en funcionarias y todos los hombres medios en empresarios sería una distiopía peor que la situación social de los años 50 y 60 en nuestro país, antes de la revolución de la mujer y de las revoluciones feministas. Sin embargo, esta situación no se va a producir, por el simple hecho de que el sector público está en un peligroso retroceso que va a afectarnos muy negativamente a todos, varones y mujeres.

Volviendo a la hipercualificación como discapacidad, sería legítimamente exigible, si no su reconocimiento expreso a nivel legislativo combinado con políticas para combatir sus efectos desfavorables, al menos una petición de perdón pública por parte de los líderes políticos parecida a la que hizo el ex presidente del Consejo de Ministros italiano Letta, antes de ser desplazado por Renzi: pidió perdón por todos los jóvenes italianos que se habían visto obligados a abandonar el país por no encontrar trabajo. Y el honorable Letta, hombre inteligente, bien sabía que se trataba de jóvenes cualificados, y que muchos de ellos, de haber permanecido en Italia y haber querido encontrar cualquier puesto de trabajo, como ahora se insta a los jóvenes desde los responsables de nuestro lamentable Ministerio de Empleo, deberían haber adelgazado sus curricula. Algo impensable para un hombre de política, pero verdaderamente democristiano y honrado. Porque sabía que esos jóvenes eran perfectamente capaces de servir cafés y pizzas en cualquier restaurante o cafetería de Italia. Una respuesta muy honesta y muy alejada de las respuestas de nuestros líderes políticos, especialmente de los que sustentan nuestro Gobierno, con sus argumentos de que servir cafés en Londres supone una experiencia enriquecedora para los jóvenes, que por lo demás, tendrían una naturaleza “aventurera”. Hemos oído estas declaraciones en los debates parlamentarios, tanto por parte del partido en el Gobierno como por parte del partido en la oposición, si bien desde éste como crítica: ¿pero qué propuso en el último debate sobre el Estado de la Nación el PSOE y el Señor Rubalcaba, Doctor en Química? ¿Que habría plazas para Doctores en empresas punteras?… Pues nada de eso, queridos lectores, siento desilusionaros. La mayoría de vosotros ya lo sabréis. Lo que propuso, y me temo que va a seguir proponiendo -a pesar de la gran habilidad de este político para cambiar de opinión-, es seguirle el juego a los que aceptan que la hipercualificación deba ser una nueva discapacidad social (salvo para la política, claro; por cierto, en ésta brilla por su ausencia no ya la hipercualificación, sino una cualificación de cualquier tipo): fomentar y alargar la formación profesional -trabajo menos cualificado que el universitario-, para que aquellos alumnos que, siguiendo el benéfico instinto de enriquecimiento, abandonaron sus estudios durante los años de bonanza, para ser readmitidos y por lo menos terminar de pagar sus hipotecas casi perpetuas con un trabajo de 1500 euros al mes. Mejor que el PP, en términos cuantitativos. Pero me atrevería a decir mucho peor, en términos cualitativos. Porque esta política supone un ninguneo -y el Sr. Rubalcaba, como universitario, si no se le ha olvidado, debería recordarlo-, de todos aquellos que en ningún momento abandonamos -al menos de manera definitiva- un camino espinoso y plagado de dificultades; sí, se nos hizo difícil, tardamos mucho, cometimos errores, cada uno los suyos, pero al final lo logramos: el camino de la ciencia, del conocimiento y del desarrollo, para obtener el máximo grado académico reconocido por el ordenamiento jurídico español, que no es precisamente el grado de Máster, a pesar de su hipervaloración social y de su excesiva publicidad, sino el de Doctor: el grado que trae consigo la plenitud de la capacidad docente e investigadora; que debería conferir a su portador, según la legislación vigente, las mayores capacidades de análisis, de creatividad, de resolución de problemas complejos y de cambio. Lo que sobre el papel demandan las grandes empresas y deberían saberse -si es que saben lo que significa-, las psicólogas que son contratadas en sus departamentos de recursos humanos. Pues bien: éste es el camino que elegí. Me equivoqué. Porque, a todas luces, entro dentro de una nueva discapacidad, y una de las que molestan al Poder si éste no es capaz de hundirnos en la depresión o de mandarnos encadenar por los poderes fácticos blandiendo contra nosotros las categorías de molestos o fanáticos, cuando no de enfermos mentales. Y en esto el Poder es muy hábil. A una persona sola pueden silenciarla. Por eso quiero publicar y difundir esto, así como otros blogs; para que, si llega a “ocurrirme” un lavado de cerebro que me devuelva al denominado por Chomsky “rebaño de los adormecidos” (aquí no somos tan importantes con en las Universidades norteamericanas con algunos de cuyos exponentes más subversivos se experimentó dentro del ya desclasificado programa MK-Ultra), si el Poder hace uso del condicionamiento operante el peor de sus sentidos -por ejemplo, a través del Estado terapéutico-, y se me da la falsa felicidad del soma del Mundo Feliz de Huxley, por lo menos estas ideas habrán sido lanzadas al ciberespacio. Lo mismo pretendo hacer, y más pronto que antes, con otros posts.

Termino con unas pocas citas de nuestra Constitución Española, tan en boca de los políticos de todos los colores como prostituida. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, dice el artículo 35 de la Constitución Española en su primer párrafo. Incluso la propia Constitución se hace eco de la protección de los discapacitados, a los que, utilizando la terminología de la época, llama “disminuidos”, en su artículo 49, cuyo texto reproduzco a continuación: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”; la cursiva es mía, y con ella quiero subrayar el hecho de que todas las limitaciones a la capacidad de obrar de los discapacitados deben ser interpretadas restrictivamente, que su tratamiento ha de ser contando con su cooperación, y no de modo paternalista, y que el objetivo del mismo debe ser el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, que son para todos, y no sólo para la mayoría “normal”. Porque, entre otras cosas, de una lectura siquiera superficial del arma más mortífera de la Psiquiatría actual -es verdad que ya no hacen tantas lobotomías como antes, pero por lo general diagnostican más que hablan-, si abrimos el DSM-V de 2013, no hay nadie “normal”. Sólo basta con que alguien acuda a consulta para que sea considerado “enfermo mental”, desencadenándose con ello los nefastos efectos victimizadores propios de la dinámica de inclusión/exclusión en el colectivo de los denominados “enfermos mentales”. Casi no me resisto a seguir, pero sobre ello, téngalo por seguro mis lectores que, si Dios quiere, y como dijo el gobernador de California, “volveré”.

Volvamos sin embargo a la Constitución. Todos los criterios interpretativos sobre la capacidad de obrar de aquellas personas que por alguna u otra razón (edad, trastorno mental transitorio o permanente, incapacidad) son Derecho vigente, y manifiestan una tendencia clara en contra de la regla del paternalismo médico incluso en esos supuestos, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia, así como en el ámbito deontológico médico, sobre todo a partir de la aprobación del Convenio de Oviedo de Derechos de los Pacientes de 1999, que tendrían que leerse varias veces muchos de los actuales profesionales españoles de la salud mental. Todo ello, incluso en una época de crisis, es Derecho vigente, aunque sean meros “criterios rectores de la política económica y social”. Pero a ellos han de estar sometidos todos los partidos, incluidos el PSOE y el PP. Por cierto, igualmente vigente resulta el artículo 42 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Así que, además de ello, no vendría mal una petición de disculpas públicas por parte del actual Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy, por los miles de jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que dejar este país por la situación de crisis de la que son responsables en cuanto gobernantes. Me dan igual las herencias recibidas; la misma declaración se la exigiría al PSOE si estuviera ahora mismo en el gobierno. Y es que en Derecho civil se enseña que las herencias se transmiten, y que el sucesor es -según las reglas generales- responsable de las deudas producidas por el causante, haya habido o no culpa; la responsabilidad como categoría esctricamente jurídica -cuestión distinta es cuando pretende extrapolarse espuriamente a otros lenguajes, como el clínico-, es una categoría que no necesita la culpa; puede fundarse perfectamente en el riesgo, en la equidad o en otras construcciones jurídicas; por ello, y en una cierta analogía con el Derecho civil, del mismo modo en Derecho político un gobierno es responsable de la situación de un país, tal y como se lo encuentre; ello se ve muy bien en el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las obligaciones que la IV Convención de Viena impone a los países invasores sobre el país invadido. En la medida en la que las potencias ocupantes se arrogan el ejercicio de una acción de gobierno, se hacen competentes de todos los riesgos que afectan al territorio ocupado -diríamos en teoría del Derecho penal-, procedan de donde procedan. Así que con mayor razón el Gobierno actual es responsable, objetivamente y por voluntad de las urnas -aunque sea una voluntad formal o una ficción jurídico-pública- de la situación del país, y ellos -los gobernantes- tienen que contribuir a mejorarla. Los que pretenden esquivar su responsabilidad -esta responsabilidad, la que implica acción y compromiso de cambio y no aceptación de culpa-, nos dan una idea de lo limitada de su formación intelectual y humana, además de su pusilanimidad.

En resumen: estoy dispuesto a lanzar esta idea: los parados hipercualificados como una nueva forma de discapacidad, y de lanzarla incluso a la arena política. Quiero que se hable del tema, y quiero lanzar, a través de este post, el testigo para que, desde la sociedad civil -aunque luego deban mediar los partidos-, pueda ser recogido por quienes la apoyen. El objetivo: llevar el problema del paro hipercualificado al Congreso de los Diputados como problema político de primer orden de I + D + I, con la legitimidad que debe darnos esta idea. La propuesta podría bien cristalizarse en una iniciativa legislativa popular de Proposición no de ley, pero de puntos programáticos claros, que restituya la dignidad al colectivo de los parados hipercualificados. Las personas hipercualificadas no somos simples personas “vagas” que no queremos aceptar “cualquier trabajo” -como recientemente se nos acusaba por personas afines al Ministerio de Empleo-; somos personas conscientes de que en “cualquier puesto de trabajo” lo tenemos más difícil y que, además, lo vamos a hacer peor que quien ha estado toda su vida en ese trabajo; aunque esta posición parezca elitista, no lo es, pues la mayoría de vosotros conocéis mi posición sobre la necesidad de redistribución de la riqueza y de poner límites al capital; muchos de estos conocimientos los he adquirido, además de en participación en acciones de voluntariado, sobre todo gracias a mi hipercualificación. Así que, más allá de las críticas que se nos dirijan por hacer o no hacer otras cosas, tal y como yo lo veo, somos personas conscientes de la grave responsabilidad que pesa sobre nosotros, como colectivo social, en cuanto talento desperdiciado por el sistema y que ansiamos que revierta en la sociedad para el bien común de todos. En mi caso, si no adelgazo mi currículum, no es por orgullo, sino por no faltar al respeto a tantos miles de personas -muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de cursar estudios superiores- que pagaron una formación excelente y a las que ahora no les puedo devolver, en términos productivos, dicha formación recibida. Ello me llena de amargura, pero constituye también un grave problema social, que espero haber denunciado con este post. Y me costa que lo mismo piensan miles de personas ahora mismo en silencio, cuando no silenciadas. También por ello, no aceptaré -al menos a fecha de hoy, 22 de mayo a las 17:00 h GMT +1)- ninguna discapacidad que no sea ésta. Porque lo contrario sería darles la razón a quienes quieren silenciarnos, a los pseudopsiquiatras y pseudopsicólogos que, a fuerza de querer hurgar en nuestros ombligos, descubren ahí sus propias miserias y justifican un sistema de autoridad prescriptiva y de trastorno mental cuya epistemología resulta altamente cuestionable. Pero eso, como diría el nunca suficientemente ponderado Michael Ende… eso es otra historia. Parte de ella trataré de contarla o de reescribirla en sucesivos posts, con la ayuda de Dios. En cualquier caso, retomo la cuestión fundamental de los problemas de la hipercualificación y de los problemas relativos a la crítica a la juventud por su “ociosidad” en https://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico / Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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