El Derecho concursal y los pobres. Comentarios al artículo del Catedrático de Derecho Mercantil Dr. Jesús Alfaro desde la justicia social o, si se quiere, desde una Izquierda razonable

enero 29, 2015 § 1 comentario


 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/01/la-mejor-forma-de-redistribuir-renta.htm

 

“SHYLOCK: Esta es mi bondad. Vayamos a un notario, y poned vuestro aval a un pagaré sencillo; y, por hacer un chiste, si no me devolvéis en el día preciso y en el lugar preciso la suma o las sumas estipuladas, el desquite ha de ser una libre exacta de vuestra carne blanca, que podrá ser cortada de la parte del cuerpo que me plazca” (William Shakespeare, El Mercader de Venecia) Dedicado a los neoliberales, a las entidades usureras ilegales “toleradas” por el Derecho realmente aplicado, a los bancos y a los jueces que inaplican el poco Derecho vigente a favor de los pobres)

 

Lo que siempre he pensado y discutido con mis queridos colegas Profesores de la Universidad Autónoma de Madrid de Derecho Procesal, especialistas en Derecho concursal: es necesario un Derecho concursal “de rostro humano”, reflejo, si se quiere, de un “conservadurismo compasivo”. Desde la aprobación de la Ley Concursal, que simplificó y facilitó bastante los trámites a favor de los acreedores de las sociedades mercantiles, pero admitió el concurso de persona física, que continúa respondiendo, conforme al artículo 1911 del Código Civil, “con todos sus bienes, presentes y futuros”, sostuve que era necesaria una reforma que contemplase la posibilidad de “salvación” del deudor persona física “in bonis”, a través de una regulación de “second step” o de “segunda oportunidad” que le permitiera rehacer su vida.

Ello vendría exigido no sólo por un sentimiento de mínima justicia social, requerida por el Estado social y democrático de Derecho y redistribuidor (arts. 1 y 128 de la Constitución Española, hoy en gran parte, a mi juicio, “derogados” materialmente por el Derecho tanto originario como derivado de la Unión Europea, desde la aprobación del Tratado de la Maastricht el 7 de febrero de 1992, reflejo de políticas neoliberales), sino también por la extraordinaria asimetría entre la posición jurídica y económica, claramente dominante, que ejercen muchas sociedades oligopólicas, manifestada por el manejo de patrimonios cuya cuantía resulta prácticamente inimaginable para el ciudadano común, el abuso en las cláusulas generales de la contratación y en la legalización sin más de la usura; en este punto, considere el lector que tenemos en España empresas de créditos rápidos -si bien de escasa cuantía-, con un interés del orden de hasta el 8.000 % TAE, así como entidades bancarias y de crédito filiales de la “banca tradicional” con créditos al consumo o créditos vinculados a tarjetas de crédito para particulares de tipo “revolving”, que llevan aparejados un interés del orden de hasta el 28% TAE. Este dislate económico, “tolerado” legislativamente, contrasta claramente no sólo con legislación positiva que quiere entenderse derogada “de facto” por “los mercados” -como por ejemplo, la Ley de Usura de 1908, o “Ley Azcárate”, que declara nulos cualesquiera préstamos que lleven aparejados un interés notablemente superior al del mercado, Ley a la que algunos Juzgados de Primera Instancia han comenzado a prestar atención-, sino con nuestra propia Constitución económica. Frente a esta situación, urge una regulación para reconocer el “derecho a la segunda oportunidad” del “quebrado” persona física: él es, en definitiva, y por mucho que les pueda pesar a los defensores, mayoritarios, de las pretendidas bondades para el “tráfico jurídico” de la gran ficción histórica de “persona jurídica”, tráfico que no es otro que el que se deriva del sistema de préstamo y consumo de un sistema capitalista hoy ya muy cuestionado por prestigiosos economistas, como Amartya Sen, Krugman, Piketty, Stiglitz, Riekin y muchos otros, incluso en su raíz, la única persona -si nos creemos el positivismo incluyente constitucional-, que tiene dignidad y que tiene, a mi juicio, verdadero interés ético, jurídico y político, a la cual está ordenada la construcción de la persona jurídica: es decir, aunque suene a populista, la persona de carne y hueso, la que sufre, la que tiene hijos que alimentar y la que tiene derecho a realizar sus planes de vida por encima de los condicionantes del “mercado”, su actual dueño y señor. Desde el punto de vista constitucional, la dignidad de la persona (física, se entiende) no es sólo un derecho fundamental brumoso y un principio de máximo nivel del ordenamiento jurídico (¡por encima de la propiedad privada, sí, señores, entérense, la cual la Constitución no sólo limita internamente, con la mención específica de que su función social delimitará su contenido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de nuestro máximo texto constitucional, sino que este mismo artículo NO se encuentra ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II de su Título I, arts. 14 a 29, que recoge los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos), sino que, además de esta dimensión privada, reviste una dimensión pública de innegable importancia, en cuanto es, recordémoslo una vez más, “fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1 de la Constitución Española).

Desde un punto de vista conservador, mi colega el Dr. Alfaro muestra cómo países con mayor “espíritu comercial”, en los que más ha cuajado el “espíritu del capitalismo”, como los propios Estados Unidos de América, tienen legislaciones más benéficas que la nuestra en materia de concurso de persona física, que permiten al deudor “in bonis” renegociar su deuda privada. Algo que vendría muy bien en España, también como política de saneamiento económico “bueno”, y que podría contribuir a conseguir logros de política económica general que permitieran por fin una salida honrada de esta asburda crisis provocada por el abuso del crédito en un sistema económico injusto. No olvidemos que gran parte de la deuda del país es deuda privada, y deuda de las familias. Y si bien aisladamente (per capitat) no representa mucha cantidad, de manera agregada supone un lastre para la recuperación económica, a nivel “macro”, que es el que empieza a importar a “los mercados”, los cuales son los verdaderos legisladores en una democracia secuestrada como la nuestra. Afortunadamente, no todo está perdido. Si bien en un contexto globalizado dominado por el pensamiento ultraliberal único poco puede hacerse desde los Gobiernos nacionales, propuestas sensatas de renegociación de la deuda deberán ser aceptadas por los mercados y por las instituciones financieras reguladoras mundiales si éstos no están dispuestos a permitir que paguemos un precio demasiado alto en términos de cohesión social, y que no conduciría a nada bueno. Grecia, con el nuevo Gobierno de Syriza, ya se ha puesto a trabajar en ese sentido. Veremos si a los ciudadanos “de a pie”, los “deudores in bonis”, en definitiva, los que componemos “el pueblo” del que tan cacareadamente emana la soberanía y los propios poderes de los Estados constitucionales, aun en este tiempo posmoderno, podremos seguir defendiendo nuestros derechos o seremos acallados por nuevas “Leyes mordaza” que lleguen a suprimir hasta la propia “libertad de expresión”: ¿en nombre de la seguridad nacional, de la necesidad de defenderse de los fanáticos islamistas, de Occidente, de nuestros valores? No, señores: en nombre de los mercados.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”

Acreditado para Plazas de Profesorado universitario permanente por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid (ACAP)

Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM (ICFS-UAM)

Colegiado ICAM 97901

Desempleado y demandante de empleo inscrito en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid desde el 28/7/2011. Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado. Calle Einstein, no. 1, 28049 Madrid.

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Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

Ex Professor of Criminal Law of the Autonomous University of Madrid and of the Universitary School “Cardenal Cisneros”

Tenured as Professor of Criminal Law received by the Quality, Accreditation and Prospective Agency of the Region Madrid

Member of the Institute of Forensic Sciences and Security of the Autonomous University of Madrid (ICFS-UAM)

Referee of hon. Attorneys Council of Madrid n. 97901

Unemployed and seeking employment registered on the Public Employment Service of the Region Madrid since 28/7/2011. Reason: Autonomous University of Madrid, Rector. Einstein Street, n. 1, 28049 Madrid.

 

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La propiedad intelectual e industrial deben ser rediseñadas para que aprovechen a sus autores y a la comunidad, reduciendo el poder de los intermediarios. Al mismo tiempo, a título personal, considero, al más puro estilo Proudhon, que estas formas de propiedad -como todas las formas de propiedad privada-, tal y como se dan en el sistema económico capitalista actual, son, al menos en parte, un robo. En este sentido, la propiedad debe servir para aprovechar al ciudadano particular, pero también a la comunidad, cuyo conocimiento acumulado a través del trabajo colectivo ha inspirado la obra del autor.

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The intellectual property must be redesigned to benefit the authors and the community, reducing the power of intermediaries. At the same time, personally, I think, in the purest style Proudhon, that these forms of ownership, as all forms of private property, as given in the current capitalist economic system are, at least in part, a robbery. In this sense, the property should serve to benefit the private citizen, but also the community, whose knowledge accumulated through collective work has inspired the author’s work.

 

 

 

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