Hacienda somos todos, pero algunos más que otros

febrero 12, 2015 § Deja un comentario


Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros (G. Orwell)

 

La red de fraude internacional conocida como “Swiss-leaks”, de la que la ya notoria “lista Falciani” parece ser sólo una parte, y quizá no la más significativa, destapada por los periódicos The GuardianLe MondeIl Corriere della Sera, y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, supone un duro golpe para la credibilidad de muchas personalidades de talla internacional. Éste, el de la vergüenza pública, si es que la tienen, es de momento el castigo de sus presuntos responsables. Mucho me temo que las investigaciones criminales tan demandadas por algunos Ministerios Públicos algo más independientes que el nuestro en países de nuestro entorno cultural, o por varias plataformas públicas, no conseguirán llevar a los responsables a prisión, pues mi tesis, ya expresada en un post publicado en este mismo blog hace unos días, cuando se destapó el asunto, es que este tipo de fraude, característico de una delincuencia “de guante demasiado blanco”, está tan imbricada con los mecanismos del poder real que éste impedirá toda medida contrasistémica destinada a la erradicación del fenómeno del fraude fiscal a gran escala. ¿El motivo? Este tipo de delincuencia es sistémica y, por lo tanto, connatural al sistema económico capitalista y a la superestructura jurídica que lo ampara, el Derecho mercantil, el Derecho internacional privado y la lex mercatoria. Ya. Esto es así. Llegados a este punto alguno de mis lectores podría legítimamente preguntarse: ¿y el Derecho penal, (fundamentalmente el Derecho penal económico)? ¿o el Derecho administrativo sancionador? ¿Pueden estos ámbitos del Derecho desempeñar aquí todavía algún papel?

Pues bien, lamento darle también a ese hipotético lector malas noticias sobre este ámbito del conocimiento y de la práctica jurídica. Desde el punto de vista de la teoría del delito, el delito fiscal está construido jurídico-penalmente, en la mayoría de los países de nuestro entorno cultural, para que el sujeto activo del delito pueda en todo momento “regularizar” su situación, y a quien ofrece en varios momentos del iter criminis, tanto durante como después de la consumación material del delito, un privilegiadísimo “puente de plata” -en contraste con las medidas de incentivación del valor de acción postdelictivo, como las atenuantes postdelictivas de arrepentimiento y confesión ante las autoridades de los artículos 21.4 y 21.5 del Código penal español. Ello privilegia, a mi juicio, de una manera desmesurada al gran evasor fiscal, merma los efectos de prevención general positiva que algunos sostenemos que debe tener la pena y, en definitiva, disminuye la conciencia social de ilícito de la ciudadanía respecto de los comportamientos de defraudación a pequeña escala.

Sin embargo, no debemos caer en el extremo opuesto del punivismo moralizador “a la norteamericana”: en un Estado social en el que los impuestos basan su legitimidad moral, en gran parte, en la redistribución de la riqueza, que es trasladada de las clases más ricas a las más pobres a través de ayudas directas, pero, sobre todo, a través del mantenimiento de unos servicios públicos de calidad (significativamente educación, sanidad y asistencia social en sentido amplio), la crisis financiera internacional y la impunidad de los más ricos -como las personas que se encuentran en la “lista Falciani”, por poner un ejemplo- ha puesto de manifiesto un efecto perverso de la injusticia en el reparto no sólo de las cargas tributarias, sino de los mecanismos de implementación de las mismas: el efecto puede traducirse en el surgimiento de una la actitud legítima, a mi juicio, en términos morales, si bien antijurídica, de insumisión fiscal de buena parte de los ciudadanos obligados tributarios, que puede llevar a que muchos nos cuestionemos por qué debemos pagar impuestos: 1) cuando no podemos, porque no tenemos con qué; el sistema capitalista nos ha privado de todo lo que teníamos; 2) cuando estos impuestos no son empleados debidamente por los servidores públicos que tienen encomendada su gestión, sino que son distraídos de las arcas públicas para fines privados, y precisamente dichos servidores públicos dan lecciones a la ciudadanía y los obligados tributarios cautivos; aquellos a los que, o bien les es practicada una retención por Hacienda antes de la percepción de su renta, lo que afecta típicamente a los trabajadores asalariados, así muchos falsos y verdaderos autónomos -lo que ocurre en los impuestos directos-, o bien aquellos que “pagan” verdaderamente un impuesto indirecto, es decir, en términos de sociología jurídica, soportan la cuota económica cuya obligación de pago jurídica es trasladada al obligado tributario, lo que ocurre cada vez que adquirimos algún bien o pagamos algún servicio pagando gravado con IVA o con impuestos indirectos especiales.

Desde luego, la ciudadanía estaría mucho más concienciada de la necesidad de pagar impuestos si éstos fueran justos, lo que implica, muy probablemente, el cuestionamiento del propio sistema capitalista. No tengo intención ahora de desarrollar este argumento, entre otras cosas porque parte de ese desarrollo argumentativo puede encontrarse, si bien de manera diseminada, en entradas anteriores de este blog. Valga sin embargo por delante el hecho de que yo siempre he defendido la solidaridad tributaria; pero incluso ésta debe servir a la justicia social. Y es intolerable que pensionistas y desempleados debamos pagar impuestos cuando ese invento tan maravillosos de la superestructura jurídica denominado “ordenamiento jurídico” desarrolla posibilidades casi infinitas para librar a los más ricos de su deber tributario constitucional (art. 31.1 Constitución Española), en aras de instituciones tan bonitas como “el tráfico jurídico”, la necesidad de “modernización”, el “forum shopping” en materia fiscal, la necesidad de incentivar a las empresas, y un largo etcétera.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Gabriel Cisneros”

Acreditado para Plazas de Profesorado universitario permanente por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid (ACAP)

Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM (ICFS-UAM)

Colegiado ICAM 97901

Desempleado y demandante de empleo inscrito en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid desde el 28/7/2011. Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado. Calle Einstein, no. 1, 28049 Madrid.

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Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

Ex Professor of Criminal Law of the Autonomous University of Madrid and of the Universitary School “Gabriel Cisneros”

Tenured as Professor of Criminal Law received by the Quality, Accreditation and Prospective Agency of the Region Madrid

Member of the Institute of Forensic Sciences and Security of the Autonomous University of Madrid (ICFS-UAM)

Referee of hon. Attorneys Council of Madrid n. 97901

Unemployed and seeking employment registered on the Public Employment Service of the Region Madrid since 28/7/2011. Reason: Autonomous University of Madrid, Rector. Einstein Street, n. 1, 28049 Madrid.

 

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La propiedad intelectual e industrial deben ser rediseñadas para que aprovechen a sus autores y a la comunidad, reduciendo el poder de los intermediarios. Al mismo tiempo, a título personal, considero, al más puro “estilo Proudhon”, que estas formas de propiedad -como todas las formas de propiedad privada-, tal y como se dan en el sistema económico capitalista actual, son, al menos en parte, un robo. En este sentido, la propiedad debe servir para aprovechar al ciudadano particular, pero también a la comunidad, cuyo conocimiento acumulado a través del trabajo colectivo ha inspirado la obra del autor.

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The intellectual property must be redesigned to benefit the authors and the community, reducing the power of intermediaries. At the same time, personally, I think, in the purest style Proudhon, that these forms of ownership, as all forms of private property, as given in the current capitalist economic system are, at least in part, a robbery. In this sense, the property should serve to benefit the private citizen, but also the community, whose knowledge accumulated through collective work has inspired the author’s work.

 

 

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