Los créditos al consumo abusivos y la usura legalizada. David gana una batalla legal contra Goliat.

mayo 15, 2015 § Deja un comentario


http://economia.elpais.com/economia/2015/05/14/actualidad/1431604453_506131.html

Una oficina del Banco Santander. Foto de Albert Gea para REUTERS, ©

Una oficina del Banco Santander. Foto de Albert Gea para REUTERS, ©

Un deudor carga con su cruz.

Un deudor carga con su cruz.

Con esta sabia decisión, el Tribunal Supremo ha venido a reconocer, en el ámbito de los créditos al consumo, algo que era de cajón, de justicia material y de Derecho positivo, y que sin duda habrá supuesto un pequeño jarro de agua fría para los representantes de todas las rapaces entidades de crédito, más o menos prestigiosas y poderosas (“bancarias”). La atención a los créditos materialmente usureros venía siendo demandada por muchas personas físicas, juristas y no juristas, deudores “in bonis” o no, cuya dignidad había sido tasada por la usura legalizada de un capitalismo salvaje que era reconocida de facto en la práctica bancaria del país con uno de los mejores sistemas financieros del mundo, por supuesto, a costa del interés de las personas físicas, las únicas que de verdad me importan. Dicha práctica venía imponiéndose aun a las normativa de protección al consumidor de la Unión Europea, no inspiradas precisamente por una ideología marxista-leninista, y aun a nuestra propia legislación interna, por cuanto ignoraba despreciativamente no sólo principios constitucionales relativos al Estado social, sino las cláusulas de Derecho privado sobre el abuso de Derecho y la autonomía de la voluntad, con la especialidad de ésta en los contratos de adhesión, los cuales han devenido el modelo contractual financiero por antonomasia de la contratación persona física de clase media-baja versus persona jurídica-entidad bancaria o de crédito. Todo ello favorecido por el contexto especulativo de una vorágine consumista que ha fagocitado no sólo nuestra propia economía real, sino nuestros principios generales del Derecho y su relación con la equidad, todavía nombrada en el artículo 4 del Código Civil, y con la justicia material. Nuestro Derecho positivo mercantil “de rostro humano” también venía siendo de facto ingnorado, a pesar de su vigencia formal, como la propia Ley de Usura (Ley Azcárate) de 1908, que algunos Juzgados y Tribunales, fundamentalmente de las Comunidades Autónomas catalana y valenciana, habían tímidamente comenzado a tener en cuenta en sus fallos. Ha sido necesario el paso de siete años de crisis e impagos, cual plaga bíblica, para que los jueces perdonaran a su pueblo y se dispusieran a aplicar, por fin, normas justas, democráticamente aprobadas. David frente a Goliat. Ni siquiera los aranceles notariales, tan exigidos en las renegociaciones por las entidades bancarias y de crédito como el máximum del titulo ejectuvo de la garantía personal, a sabiendas de que no podían exigir al deudor sin garantía real nada más que “una libra de su carne”, han podido con la sensatez de la doctrina jurídica sentada ayer por el Alto Tribunal. Aunque sólo sea por hoy, el primero ha vencido con la fuerza de la razón jurídica, y con la ayuda del paraguas legislativo europeo, una batalla legal. Veremos qué pasa a partir de ahora; pues si los juzgados inferiores se niegan a acatar lo que constituye ya una doctrina legal del Tribunal Supremo pueden producirse más efectos perversos que los aducidos en la noticia: por ejemplo, un aumento de la legislación de arbitraje por parte del Poder que quiera sustraer de nuevo la injusticia a la acción de la justicia, en el contexto de una mercantilización imparable -para ejemplos recientes, ahí tenemos el inminente Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, del que he escrito en otros “posts”-, en sentido amplio, de todo el Derecho, público y privado. Por otra parte, que las entidades de crédito no sujetas a la supervisión del Banco de España sigan o no haciendo de las suyas y nieguen sus préstamos podría resultar incluso algo saludable para un sistema financiero humano, si es que es posible hablar de algo así; pero los perniciosos efectos de una justicia material que, por parte de algunos juristas ultraliberales, será tachada inmediatamente como un ejemplo de “paternalismo injustificado”, no se limitan al ámbito estrictamente crediticio. Más preocupante es que la externalización del cobro de deudas de las entidades dedicadas a los préstamos abusivos, ya sean éstas filiales de grandes y respetados -aunque menos respetables- grupos bancarios, como el Banco Santander, o entidades “sui generis” no sometidas a la supervisión del Banco de España genere nuevos mecanismos de coacción al deudor, en el sentido estricto del término, vía “actuaciones” del estilo “cobradores del Frac”, que demandan urgentemente una tipificación penal expresa, para salvaguardar los derechos a la libertad personal, la integridad moral y la dignidad de los deudores.

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Colegiado ICAM 97.901

El autor recomienda la lectura conjunta de este post con este otro, también de su autoría, publicado en el mismo blog, via

https://pabloguerez.com/2015/03/02/las-migajas-de-la-ley-de-segunda-oportunidad-una-oportunidad-historica-desaprovechada/

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