24/M: Vientos de cambio. Un análisis valorativo y teleológico de los resultados electorales en clave sociológica

mayo 26, 2015 § Deja un comentario


A vosotros, los que habéis iniciado el cambio. Y a nosotros, el pueblo.

(…) that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that, government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth (Abraham Lincoln, from the Gettysburg Address, given to Edward Everett, 1864)

 

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Ada Colau y Manuela Carmona celebran su victoria electoral. Fotografía de Avelino Rodrigues ©.

Las elecciones del 24-M han revelado un importante cambio en la sociología electoral, que ha afectado a las formas de hacer política. Frente a las formas tradicionales basadas en los partidos políticos, la irrupción en muchos municipios especialmente estratégicos, como Madrid, Barcelona o Zaragoza, de candidaturas de unidad popular, que han sabido aglutinar a la gente de los movimientos sociales de inspiración tan diversa como los que protagonizaron el 15-M, han supuesto un desafío al sistema tradicional de entender la política en nuestro país y, en concreto, al Estado de partidos, al que eufemísticamente llamara el gran constitucionalista de los inicios del funcionamiento del Tribunal Constitucional, Don Manuel García Pelayo, Estado “con partidos”.

Y es que, hasta ahora, el sistema parlamentario, en los 28 años que llevamos de democracia en España, se había orquestado en torno a la fórmula tradicional todavía vigente, en el entonces denominado “mundo libre” en los años que vieron el alumbramiento de la Constitución de 1978, fórmula a la que, como en muchas cosas, los españoles llegamos con retraso. Y no es que no hubiera entonces fórmulas de participación ciudadana más allá del voto cada cuatro años con prohibición expresa del mandato imperativo. El Partido Comunista, por aquel entonces el único conocido como “El Partido”, conoció, junto a dinámicas autocráticas propias de las peores versiones del marxismo, también el llamado “centralismo democrático” trotskista, inspirado en la máxima de “máxima democracia en el interior, y máxima unidad en el exterior”. Conviene recordar que entonces en el Partido Comunista, por su capacidad organizativa, militaba gente de la más diversa ralea. Y conviene recordarlo precisamente frente a aquéllos que ahora, desde la derecha española, representada en buena parte por una combinación explosiva de lo que queda del franquismo sociológico y por la adhesión triunfalista a un ultraliberalismo al más impuro estilo “Chicago Boys” –una de cuyos máximos exponentes es la recientemente destronada Esperanza Aguirre-, que se atreve a despreciar no sólo a quienes piensan diferente tachándoles a todos de “chavistas”, golpistas, miembros de la mal llamada “izquierda radical”, u otras lindeces que todos hemos escuchado a lo largo de la campaña electoral, sino a compañeros o camararadas –desconozco cómo se llaman entre sí en ese partido-, más afines a un escuálido conato de democracia cristiana que en España, más allá de la efímera experiencia de la UCD, nunca llegó a cuajar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985, hija de su tiempo, contemplaba también, junto a los sujetos políticos por antonomasia, la posibilidad de que hubiera “agrupaciones de electores”, pero las propias dificultades burocráticas del sistema implantado, unido a la práctica inexistencia de un tejido de sociedad civil organizado en el Estado asimilable al que existe en otras democracias occidentales, y, típicamente, en las de corte anglosajón, hacían que las opciones de  “participación ciudadana directa no representativa”, como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, fórmulas complementarias, por no decir folkróricas, de un sistema de democracia representativo de corte clásico, reglamentado por un sistema electoral rígido de listas cerradas y bloqueadas (con la excepción, por su peso poco significativa, de las elecciones al Senado; pero incluso la legitimidad democrática de estas elecciones estaba corregida por un sistema electoral muy mayoritario perfectamente diseñado para desligar a los representantes electos de cualquier comunicación con la ciudadanía, como ocurre con los sistemas uninominales de corte anglosajón, en los que los candidatos pelean literalmente el voto barrio por barrio, o distrito por distrito.

Sea como fuere, una serie de factores cuyo análisis detenido no es posible realizar aquí, pero en entre los que destacan la corrupción, el desgaste mayoritario del sistema de partidos, y la percepción social de desconexión por parte de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ética y de legitimidad de las instituciones a escala mundial, con el cuestionamiento de la legitimidad democrática de las instituciones supranacionales a las que los Estados, de acuerdo con el discurso hegemónico del pensamiento único, han ido cediendo soberanía, agravada por una crisis económica globalizada que, en nuestro país ha explotado con el añadido de ingredientes locales, han supuesto el clima idóneo para que romper el umbral de tolerancia de los ciudadanos, en su percepción de no ser ya más agentes de su destino. La percepción de pérdida de soberanía y la crisis de lo que, en otros lugares, he denominado “ficción contractualista”, en función de la cual la soberanía procede del pueblo, del que emanan los poderes del Estado, ha irritado, utilizado una terminología sociológica muy empleada en teoría de sistemas a la sociedad civil española, de tal manera que ha contribuido a la emergencia de los llamados “movimientos sociales”, movimientos de participación ciudadana o movimientos de participación directa, que, en el fondo, han venido a reivindicar el espacio público que por derecho debe corresponder a los ciudadanos. En definitiva, la vieja idea tan bien expresada por Lincoln en el discurso de Gettysburg, de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. De que los ideales ilustrados de la modernidad no podían sucumbir en la posmodernidad de la falta de centralidad del poder, sino que debían ser canalizados por nuevos vehículos de participación ciudadana en la cosa pública. La ciudadanía o, en términos más clásicos, “el pueblo”, ha tomado conciencia de que debía recupera un espacio, y que ese espacio era precisamente el poder político, hurtado por tecnócratas que, utilizando un viejo lenguaje marxista, eran simplemente las correas de transmisión profesionalizadas del Poder en la sombra: el de los lobbies económicos. La prudencia me aconseja no ir más arriba en la búsqueda de quién, quiénes o qué nos gobierna realmente. Sobre ello también he tratado en otro lugar.

La lectura que cabe hacer, a nivel sociológico, de estas elecciones, puede resumirse, aun a riesgo de ser demasiado reduccionista, en lo siguiente: la irrupción de una nueva formación política, Podemos, no sin debates y sacrificios internos, ha tenido la habilidad de apostar por la integración de las candidaturas de unidad popular ha servido de resorte para espolear a una ciudadanía descontenta, y con razón. Las víctimas de los desahucios, de las políticas de recortes, del crecimiento desigual y de las consecuencias del desmantelamiento del Estado del bienestar y de la propia credibilidad de las instituciones, agrupadas en una diversidad de movimientos sociales y de “mareas” que en su momento desembocara en lo que fue el 15-M, han evolucionado hacia un nivel organizativo suficiente como para presentarse, frente al electorado más pasivo, como una fuerza o conjunto de fuerzas razonables como opción electoral política y, sobre todo, como opción de gobierno, comenzando por el gobierno de los Ayuntamientos y, en algunos casos, por el de algunas entidades territoriales superiores y alguna Comunidad Autónoma. El partido político Podemos, formalmente clásico y materialmente dinámico, constituía un vehículo adaptado para participar, con opciones serias de gobierno, en la contienda electoral. A condición no dejarse arrastrar por sus sectores más populistas. Es así cómo la legitimación material de Podemos de cara a estas elecciones –y ello se ha visto por los resultados electorales, comenzando por las plazas más emblemáticas del Estado- necesitaba integrar una buena parte de los movimientos sociales, para construir lo que se ha llamado “candidaturas de unidad popular”. Asistimos, y coincido en esto con mi colega Fabio Gándara, articulista del Huffington Post, a un momento que a muchos nos puede resultar ilusionante, a distinto nivel, en la historia de la democracia española. Con la convergencia del acervo técnico de la gente de Podemos y la legitimidad material de la gente sin más, “el pueblo”, parece que buena parte de las exigencias de legitimidad democrática de un sistema económico-político percibido por la mayoría de la ciudadanía ha comenzado a ocupar el espacio público que la ciudadanía había perdido, y con ello hoy parecen posibles exigencias que hace cinco años hubiesen sido impensables, o meros sueños utópicos. Poner a los poderes fácticos en su sitio. Plantarse ante las deudas injustas. Desterrar la usura y la insolidaridad del país. Y todo ello ha comenzado ya, “ahora”, como se han llamado algunas candidaturas, en el nivel de las elecciones municipales. Para que el “debe” del sujeto político que nació con las revoluciones de la Ilustración vuelva a ser el “es”: “nosotros, el pueblo”. Las tres palabras con las que comienza la Constitución norteamericana. Y permitidme, mis queridos lectores, para concluir, la “licencia poética”: para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Acreditado a Profesor Contratado Doctor

@pabloguerez

 

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